"Estamos estudiando el planteo de una nueva acusación a estos jueces del Tribunal de Impugnación porque entendemos que quien compra algo con el fin de otorgarle al Estado y después el Estado mismo le vende al hijo del Gobernador, no sé qué es lo confuso o contradictorio”, agregó el diputado Vázquez.
Puntualmente, en referencia a la resolución de la Sala I del Tribunal de Impugnación sobre la causa La Ciénaga, opinó que “ha sido de alguna manera manipulada y, una vez más, la justicia penal está en tela de juicio”, y remarcó “la actuación de estos jueces”.
De esta manera, el legislador, en el programa Hora 7, que se transmite por FM Noticias, señaló: “Aquí el problema de la corrupción es el consentimiento y la connivencia fraudulenta del Poder Judicial con quien se queda con lo que no le corresponde, y estoy hablando de los funcionarios públicos que manejan los fondos de la gente.
Corrupción e impunidad
Tenemos un Poder Judicial absolutamente corrupto que actúa como una banda. Antes, por lo menos, los tipos se cuidaban. Hoy, a plena luz del día, aparecen ostentando sus cargos y con un desprecio al pueblo. Lo hacen como el ladrón que no se cubre la cara porque a la impunidad la manejan ellos. Son una banda de delincuentes que se han apropiado de la República”.
Consideró que Juan Carlos Romero -ex gobernador y actual senador nacional- sostiene “una hipocresía muy marcada” y cargó contra los jueces que dictaron el fallo -Guillermo Adriano Polliotto y Ramón Medina- al afirmar que “son unos delincuentes y no pueden detentar el cargo de jueces”, por lo que, adelantó, pedirán jury de enjuiciamiento.
Romero está imputado junto a familiares, funcionarios y ex funcionarios por la venta irregular de 90 hectáreas que habían sido adquiridas por la Provincia en 1998 y estaban destinadas al Programa de Familia Propietaria. Al respecto Vázquez sostuvo que el actual senador “tiene una posición en Buenos Aires distinta a la que tiene en Salta, de ponerse a disposición de la justicia”.
La Justicia de Salta no lo alcanza
“Llama la atención que allá vote a favor de un allanamiento y de una serie de medidas en contra de la senadora Cristina Fernández pero acá en Salta no se presenta y presionan a jueces tendientes a lograr la impunidad. Estamos hablando de una hipocresía muy marcada de quien reviste el carácter de senador nacional”, aseveró.
“Parecería ser que Salta es una especie de feudo donde quienes detentan el poder circunstancialmente, la justicia no los puede alcanzar. Ellos cuando hacen política invierten sumas siderales de dinero, que no sabemos tampoco cuál es el origen, y es naturalmente para lograr esta impunidad que, evidentemente, ya nadie la puede esconder”, al tiempo que aseveró: “La causa tendría que haber sido de asociación ilícita. Aparte, con los antecedentes de cada uno -de los imputados- se puede inferir que en Salta, desde hace mucho tiempo, hay una asociación ilícita para quedarse con los fondos del pueblo.
En un pueblo chico la gente sabe que quien no tenía para tomar un café hoy anda en un BMW y eso no se puede lograr de la noche a la mañana”.
Sobre este tema, destacó el pedido que elevaron desde el bloque de la UCR al procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, “pensando que pueda haber una inacción de Ministerio Público Fiscal tendiente a favorecer los intereses de Juan Carlos Romero y quedar la causa como una mera ilusión”.
Se refirió así al gobierno de Juan Manuel Urtubey y aseguró: “La República ha sido extinguida en Salta. La decisión de quien encabeza el Poder Ejecutivo ha hecho posible que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial toquen una misma nota, casi como una banda, y no de música precisamente”.
Oficialmente, el fallo de los jueces Guillermo Adriano Polliotto y Ramón Medina, de la Sala I del Tribunal de Impugnación, que favoreció al ex gobernador, Juan Carlos Romero, a su familia y a numerosos ex funcionarios durante su gestión, entre 1995 y 2007, no será apelado por el Fiscal de Impugnación, Rodolfo Villalba Ovejero.
Lo resuelto, sin embargo, no da por cerrada la causa, por lo que la investigación penal sigue abierta.
