La propuesta es que este nuevo protocolo reemplace al decreto provincial 1170, que limita el acceso al aborto no punible. Se trata de un pedido que hace años viene realizando el movimiento de mujeres de Salta, recordó la abogada Mónica Menini.
Aunque también el Partido Obrero había presentado un proyecto, finalmente una iniciativa del PV sería el que logró consenso mayoritario.
“La presente ley tiene por objeto garantizar la atención integral y oportuna de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar con derecho a la interrupción legal del embarazo en el marco de la confidencialidad y el respeto por sus derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos, e implica el acceso a una atención integral de calidad que asegure el respeto por la intimidad y la autonomía, el flujo de informacion clara y veraz y el acceso a los adelantos tecnológicos e información científica autorizada”, señala el artículo 1° del proyecto de ley del PV.
La decisión de revisar el decreto 1170 se impuso en momentos en que hay un debate nacional por la despenalización del aborto y en días en que la provincia está en el ojo de la crítica nacional por las restricciones para que una nena 10 años de edad pueda acceder al aborto, a pesar de que seguir con el embarazo pone en riesgo su propia salud.
Por otro lado, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres reiteró al Gobierno el pedido de derogación del decreto 1170/12 y de las resoluciones ministeriales N° 215/12 y N° 797/12, que obligan a las víctimas de abusos sexuales a realizar una denuncia judicial antes de poder acceder al aborto no punible.
El Observatorio recordó que Salta tiene el procedimiento “más restrictivo de todo el país”, dado que se aleja de los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud.
