Mientras formulaba declaraciones a la prensa, mostraron carteles con el mensaje “Urtubey, no al indulto. #DestruirBosquesEsUnCrimen”.
La intervención de la ONG se da tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Salta y la Sociedad Rural Salteña, PROGRANO y la Federación de Entidades Rurales Salteñas, ocurrida la semana pasada. Según el convenio, evaluarán y verificarán, en el plazo de 30 días, si la ejecución de los 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Dicha evaluación técnica quedará a cargo de la provincia en colaboración de los ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación. “Es inaudito que Urtubey pretenda eximir de responsabilidad a los que desmontan ilegalmente, poniéndolos como juez y parte.
La única medida que el gobernador debería tomar es aplicar multas a quienes aún deforestan y cancelar los 32 permisos otorgados que infringen la Ley de Bosques. Todas las fincas afectadas deben ser reforestadas”, enfatizó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
32 permisos ilegales
El 24 de enero, la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada en el Boletín Oficial, en respaldo del principio de no regresión ambiental garantizado por la Constitución Nacional, declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Greenpeace verificó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que a pesar de dichas resoluciones los bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas) continúan siendo arrasados. Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
