Otro, por debilidad y desgaste de gobiernos que arrinconaron y fracturaron a la oposición y recurren a ella como un tubo de oxígeno para aliviar su deterioro. El llamado "diálogo político" en Salta está en el segundo de estos motivos.
El que se inició ayer es, en el mejor de los casos, una ficción de diálogo. Aunque habría que decir que ni siquiera es un monólogo. Es una puesta en escena para la foto, las cámaras y lo que los populistas llaman, con aires paternalistas y despectivos, “la gente”. Es un simulacro en función de mejorar la imagen de dos socios que en el año 2007 simularon reñir y que, ahora, fingen dialogar para arbitrar un acuerdo democrático con antiguos y nuevos socios.
En una democracia republicana el diálogo político no se confunde con las charlas privadas en asados de quincho: se hace “con luz y taquígrafos”. No es una isla y tampoco una excepción ni una concesión del gobernante: debería ser práctica habitual e institucional. Tuvieron que transcurrir diez largos años para que el gobernador Urtubey sacara del armario de los trastos el recurso del diálogo.
“La idea fue buscar de los temas que venía planteando este sector importante de la oposición puntos de acuerdo para mejorar la calidad institucional”, dijo el gobernador. Olvidó precisar que duración en el tiempo tiene ese “venía planteando”.
Ayer, el “senador planta permanente” Juan Carlos Romero, y Juan Manuel Urtubey, su no menos ambicioso delfín y sucesor en ambos cargos, acaban de descubrir que la provincia de Salta necesita solidez y calidad institucional, condiciones que ambos se encargaron de demoler a lo largo de 24 años.
El ex gobernador y senador vitalicio Juan Carlos Romero, en un brote de republicanismo y también de amnesia, pidió ayer que "los mandatos no sean permanentes sino de dos años para concejales, diputados, senadores. Limitar eso como se está haciendo en otras provincias".
No aclaró cual tendría que ser la duración del gobernador y vice y si los senadores nacionales podían ser vitalicios. A sus años, descubrió la necesidad de tener una "justicia independiente, mejorar el sistema de elección de jueces y magistrados".
Romero fue el primer gobernador que en 180 años de vida institucional de Salta se hizo reformas la Constitución de la Provincia para abrir las puertas a la reelección indefinida. Fue el que construyó el aparato de los intendentes-caciques y corruptos, muchos de los cuales todavía tienen un pie en su escritorio y otro en la justicia penal.
Sin ruborizarse, Romero dijo ayer que: “En el 86', cuando se reformó la Constitución, no parecía que sería un problema que no haya renovación política porque, en teoría, eso sucedería naturalmente pero hoy hay salteños que, desde que nacieron, tienen el mismo intendente". Afirmación que encierra una doble gravedad:
1) Porque ahora admite que creyó que esa renovación de produciría de forma “natural”; y 2) Porque finge ignorar que tanto su padre como él, gobernaron la provincia 16 años. Cuando terminó su único mandato, su padre fue diputado nacional y, desde que el hijo es senador nacional desde concluyó el tercero y que acumulará 12 años en esa banca. Con lo que habrá superado los 26 años en funciones.
Los salteños que nacieron en 1995, cuando Romero inició el primero de sus tres mandatos, son hoy ciudadanos de 22 años que vivieron bajo solo dos gobernadores. Urtubey se jactó de este hecho, confundiendo deliberadamente la continuidad institucional, que es un síntoma de salud del sistema democrático, con el continuismo, que constituye un preocupante deterioro de las prácticas republicanas.
Los que saben aseguran que este montaje escénico también está siendo utilizado para ajustar cuentas en la interna del movimiento o del partido único -y también inexistente- bajo cuyo techo hierven intrigas y ambiciones. En casi todas las provincias, y Salta no es una excepción, las líneas divisorias y rojas de la perpetua interna peronista no pasa por kircheristas y antikichneristas ni por romeristas y urtubeycistas, sino por una coordenada, que hasta el más despistado sabe de qué intereses extra políticos se trata.
Hay ejemplos de profundas reformas políticas ejecutadas por políticos que formaron parte de sistemas fraudulentos o de dictaduras, estructuras que luego desmontaron de modo ejemplar y pacífico. El primer caso es el de los conservadores liberales argentinos que, a comienzos del siglo XX, impulsaron e instrumentaron la reforma electoral que permitió erradicar los peores vicios del sistema electoral.
El segundo caso es el de la transición española, de la dictadura de Franco a la democracia, iniciada en 1976 y ejecutada de modo ejemplar por Adolfo Suárez quien, a través del diálogo y el consenso logró el apoyo del centro derecha de Manuel Fraga Iribarne, del socialismo democrático de Felipe González y del Partido Comunista de Santiago Carrillo, acuerdo que permitió consumar la reforma política y la incorporación de sus principios a la Constitución española, ratificada en referéndum en diciembre de 1978.
El arreglo bajo la mesa entre Romero y el actual gobernador que se presenta como "diálogo político", dista mucho de esos dos ejemplos. Por más de un motivo, ni Romero se parece a Victorino de la Plaza, ni Urtubey tiene las condiciones de Indalecio Gómez.
Este “diálogo político” es se parece más a una cirugía estética menor que a la apertura de una verdadera reforma del sistema institucional y de las prácticas políticas. Todo indica que estamos ante un lifting capilar en el que los que los principales interesados en el “diálogo” parecen más dispuestos a perder los pelos pero no las mañas. El olfato del ciudadano común sospecha cuando un pirómano pide ingresar a un cuerpo de bomberos voluntarios.
Este islote de apertura política tiene todas las características de una nueva y vieja impostura que apenas encubre la intención de oxigenar el continuismo del tándem gobernante. Lo que es una renovada ofensa al sentido común, un agravio más a los ciudadanos y a las instituciones.
- Gregorio A. Caro Figueroa, periodista e historiador
