Una joven de 18 años fue asesinada mientras realizaba una visita íntima a una persona detenida en el penal salteño de villa Las Rosas. Un hecho trágico que reabre el debate acerca de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. La primera reacción -el horror, generalmente, nos aturde- es pedir la eliminación de las visitas íntimas y de otras herramientas que la ley 24.660 (ley de ejecución de la pena privativa de libertad) prevé para alcanzar el fin que se propone: resocializar en la medida de lo posible a quien ha delinquido.
Alberto Binder, quizás el pensador más lúcido en cuestiones penales y de política criminal de esta última década, nos enseña que existe una tension constante entre las garantias y la necesidad de politica criminal y carcelaria eficiente y es necesario discutir sobre esto y tratar de lograr algunos equilibrios, siempre precarios. A su vez, nos previene ante las falsas antinomias. Dice que éstas se dan cuando el Estado, a través de sus agentes, toma decisiones que implican un alto costo para los ciudadanos e intenta justificar estas decisiones -en general producto de la inoperancia o de errores- en la necesidad de respetar las garantías del acusado o penado.
En este terrible femicidio, el problema no fueron las visitas íntimas, el problema fue que la víctima ingreso a donde no debía ingresar y que el homicida estaba armado con una “punta” que nunca debió tener en su poder -es inconcebible que el siglo XXI un penal no cuente con escaneres o detectores de metales-. Como se ve, el problema no fue el derecho o “privilegio” o garantía del preso, el problema fue el deficiente desarrollo y control por parte del servicio penitenciario de la visita intima. Por ello debemos tener cuidado de no caer en una falsa antinomia que nos lleve a tomar una decisión equivocada. No fue el ejercicio del derecho o de la garantía lo que posibilitó la tragedia, fue, repito, el escaso contralor de los agentes estatales.
Las tragedias como ésta sirven para mejorar los controles y alertas, no deben usarse para sacrificar derechos y garantías que, al fin y al cabo, sólo buscan que la sociedad reduzca sus niveles de violencia. Esto no implica que los derechos y garantías no puedan ser redefinidos luego de un debate democrático, ya que una política criminal y carcelaria mínimalista pero eficiente es una herramienta legítima de los estados modernos. Es una falsa antinomia pretender sacrificar la libertad en aras de mayor seguridad, sobre todo cuando las tragedias son producto de errores o de la falta de un control adecuado y no de la vigencia de los derechos y garantías de los ciudadanos.
Nicolás Escandar
Abogado especialista en derecho penal
Universidad Nacional del Litoral
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