La decisión, tomada por el Departamento de Justicia (DoJ), forma parte de una política de mayor presión para que los jueces migratorios de Estados Unidos decidan sobre los procesos a su cargo con más celeridad.
El sindicato de estos magistrados, la NAIJ, presentó el 8 de agosto una nota de reclamo ante la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), que depende del DoJ, por lo que considera una "violación a la autoridad" de su posición en la corte.
"El meollo de ser juez pasa por su habilidad de tomar decisiones sin que intervengan factores externos que traten de influir su decisión", dijo a la AFP la presidenta de la NAIJ, Ashley Tabaddor, que despacha en Los Ángeles y afirma tiene "una mira en el cuello".
La justicia migratoria en Estados Unidos no depende del poder Judicial, sino del Ejecutivo. Son cortes administrativas y los jueces son nombrados por el fiscal general, que es la cabeza del DoJ.
Y así como son designados, pueden ser igualmente despedidos.
El presidente Donald Trump llegó al poder con un discurso anti inmigrantes -los llamó delincuentes, violadores y narcotraficantes- y su fiscal general Jeff Sessions, que tiene la misma firme postura, anunció este año que se evaluaría a los jueces por la cantidad de casos que cierren al año, en un sistema que está copado con cientos de miles de procesos abiertos.
NAIJ introdujo una queja también por esa medida, que ha sembrado "mucha ansiedad y preocupación" en el estrado, señaló Tabaddor.
"No se trata de una fábrica (...), procesamos casos extremadamente complejos en un ambiente expedito de corte de tránsito porque el volumen es muy intenso y al mismo tiempo lo que está en riesgo es muy grande", dijo por su parte la jueza Dana Leigh Marks, presidente emérita de la agrupación, en referencia a las amenazas de muerte que a muchas personas le obligaron a emigrar a Estados Unidos.
Y esos casos requieren tiempo. El DoJ aún no respondió a la solicitud de la AFP por un comentario sobre el reclamo.
