La decisión se produjo luego que miles de manifestantes reclamaron su renuncia, dejando como saldo choques con la policía y el incendio de tres ministerios, como el Ministerio de Agricultura que fue incendiado en la planta baja, en tanto que otros edificios fueron evacuados junto a los empleados, resolviéndose finalmente, cerrar todas estas dependencias.
Al respecto, el ministro de Defensa, Raúl Jungmann sostuvo en un pronunciamiento por la TV estatal, que para el primer mandatario resulta inaceptable el desorden, el descontrol, por lo que no se puede permitir que los actos de violencia empañen el proceso que se desarrolla de manera democrática y en respeto a las manifestaciones.
La vía libre para la intervención militar de las calles del Distrito Federal fue publicada en una edición extra del Diario Oficial de la Unión, y tiene vigencia hasta el 31 de este mes.
Ante esta situación se expidieron los referentes de la oposición, como el caso del legislador del PT, Carlos Zarattini, que sostuvo que se trata de una dictadura, ya que ni el gobierno de los militares hacía esto. Enfatizó que el gobierno no puede tolerar una manifestación en su contra y sostuvo que la protesta era convocada por sindicatos y movimientos sociales y la policía los provocó reprimiendo, por lo que todo tomó la magnitud de violencia impensada.
Por su parte, y a contramano de este relato, el presidente de la Cámara de Diputados y número dos del país, Rodrigo Maia, fue quien pidió a Temer reforzar la seguridad en Brasilia, y aclaró en medio de la sesión que no pidió el ejército sino que pusiera a la tropa de elite de la policía. En tanto, la constitución brasileña sostiene que si Temer finalmente cae, será Maia quien lo reemplace, y que a partir de ese momento, habrá un plazo de 30 días para una elección indirecta, en donde sería el Congreso quien elija al presidente.
En Río de Janeiro, en tanto, la policía reprimió con gases una manifestación de sindicatos de empleados públicos que protestaban luego que la Asamblea Legislativa del estado aprobara un aumento de 11% a 14% del aporte previsional que será descontado a todos los asalariados estatales.
