En la víspera se arribó a este acuerdo político para solicitar al Senado la autorización para el cese de Carles Puigdemont en Cataluña. El Gobierno justifica el artículo 155 porque está "en grave riesgo el interés general de la Nación".
Además de la "gravísima magnitud" del impacto económico de la independencia. El control de la Generalitat será efectivo desde el próximo sábado.
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los consejeros del Govern serán destituidos de sus cargos; el Ejecutivo establecerá un mando estricto sobre los Mossos, sobre los ingresos y gastos y sobre las telecomunicaciones, comunicaciones electrónicas y medios públicos audiovisuales.
La presidenta del Parlament perderá sus principales atribuciones y la Cámara quedará intervenida.
Con estas medidas de gran dureza, propuestas al amparo del artículo 155 de la Constitución, Rajoy pretende «recuperar la legalidad y la convivencia» en Cataluña para, en un plazo máximo de seis meses, proceder a convocar elecciones.
Las urnas se abrirían para los catalanes, como muy tarde, el próximo mes de junio. «Hemos llegado hasta aquí», explicó ayer Rajoy, «porque el Govern ha liquidado la ley y ha intentado imponer una legalidad paralela».
Se optó por la prudencia
El presidente aseguró que «nunca» fue «deseo ni intención» del Gobierno llegar al extremo de tener que activar el 155. Más aún, que aunque pudo haberlo invocado antes, optó por la «prudencia» en un intento de «dar tiempo a la rectificación». «Pero», recalcó, «no quisieron; al final no ha sido posible reconducir la situación y ha habido que actuar». El presidente hizo hincapié en que la Generalitat «nunca quiso diálogo», sino sólo «imposición».
El Ejecutivo entiende que la Generalitat se ha arrogado la capacidad de «actuar fuera de cualquier norma y de ejercer un poder sin control y sin límite», de manera que «los derechos y libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y la arbitrariedad de sus gobernantes».
Es por ello por lo que se acude al artículo 155: «Para garantizar derechos y proteger la libertad, la seguridad y la pluralidad» como principios fundamentales que recoge la Constitución. Los objetivos últimos, según Rajoy, no son otros que devolver Cataluña a «la legalidad», restablecer «la convivencia», recuperar «la economía», que está en «evidente peligro», y finalmente, celebrar elecciones «en situación de normalidad».
