El partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), socio vital del gobierno catalán en minoría, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), entidad responsable de la movilización social detrás del proceso de secesión, están convencidos que es necesario llegar hasta el final asumiendo las consecuencias, incluso económicas, de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña.
El incentivo a tomar esta desición se realizó en respuesta al ultimátum del Ejecutivo español y ante la evidencia de que no hay margen para negociar en base al pretendido derecho de autodeterminación.
Esta visión también es compartida por un sector del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que lidera el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, mientras las juventudes del PDeCAT, el espacio político de Puigdemont, advirtieron que si se produce un ataque a las instituciones catalanas "cabe hacer efectiva la declaración de independencia".
Hasta el momento luego, del referéndum del 1 de octubre, 540 empresas han abandonado Cataluña. En este contexto, el presidente catalán mantuvo ayer reuniones en el Palau de la Generalitat -sede del Ejecutivo- con miembros de su gabinete y de la coalición electoral Junts pel Sí y de la CUP, que sostienen su gobierno.
