El caso de la nena (que ahora tiene 15 años) se hizo conocido porque está vinculado a la denuncia por tráfico de influencias que realizó en agosto pasado el abogado Luis Pablo Ibáñez en contra del fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, y su prima política, la abogada Dana Segovia. A su vez, esta denuncia, difundida por Ibáñez, motivó que en octubre pasado el abogado fuera atacado por la pareja de Segovia, Carlos Ferro Podestá.
Mientras la Justicia decide qué hará con el agresor, y con el fiscal Gómez Amado, a quien Ibáñez sindica como el cabecilla de una organización criminal dedicada a favorecer a encausados a cambio de dádivas, la niña víctima se encuentra ahora en su casa, junto a su madre, en un paraje del departamento Anta y en su entorno existe preocupación por la libertad de Bejarano, quien la amenazó de muerte, y también amenazó a la familia de la nena.
Bejarano, que es descripto como un hombre violento que acostumbra a andar armado y tiene antecedentes de violencia familiar, reside en la localidad de Coronel Mollinedo, cerca de donde reside la víctima.
Según pudo recabar Nuevo Diario, la nena proviene de una familia humilde con antecedentes de violencia de género en perjuicio de su madre y a los 12 años habría sufrido un abuso sexual por parte de otro hombre.
A raíz de ese abuso, su situación era monitoreada por la asesora de Incapaces de Joaquín V. González, María Susana Zenzano Poma, quien advirtió que no estaba viviendo con su madre, sino con su padre en una casa en Las Lajitas (que no es el lugar de su domicilio habitual). Si bien el padre aseguraba que él estaba al cuidado de la nena y que llevaba una vida normal, se determinó que en realidad la nena estaba siendo sometida por Bejarano, quien alquilaba la casa de Las Lajitas.
Bejarano fue detenido y era defendido por Ibáñez, pero fue tentado por Segovia con la posibilidad de recuperar la libertad, a cambio de $150 mil, merced al parentesco de la abogada con el fiscal Gómez Amado, según relató Ibáñez en su denuncia. Bejarano nombró defensora a Segovia y salió con prisión domiciliaria, dada por el juez de Garantías de González, Héctor Guzmán.
Sin embargo, luego la causa fue subrogada por la jueza Patricia Rahmer, y tras escuchar el relato de la niña sobre violaciones reiteradas, el constante castigo físico y sicológico y las amenazas, Bejarano fue nuevamente detenido.
Entonces volvió a la defensa de Ibáñez. Según denunció este abogado, el 17 de agosto el fiscal Gómez Amado le advirtió que al día siguiente, en la audiencia de ampliación de imputación a Bejarano, iba a estar Segovia y entonces iban a ver con qué defensor se quedaba.
Efectivamente, la abogada le pidió una semana para resolver su libertad, y Bejarano volvió a optar por ella. Ya con Guzmán al frente de la causa, el fiscal Gómez Amado pidió que fuera sobreseído del delito de corrupción de menores, lo acusó por estupro, pidió que se hiciera un juicio abreviado y que se le diera la libertad. Lo que Guzmán hizo.
Sin embargo, esta decisión no quedó firme todavía porque Zenzano Poma interpuso un recurso de nulidad, pidiendo que Bejarano sea acusado por los delitos de corrupción de menores agravado por el modo y amenazas en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal continuado en concurso real con lesiones, privación ilegítima de la libertad, todos en contexto de violencia de género.
La asesora de Incapaces aseguró que el fiscal Gómez Amado “omitió investigar los elementos que surgen de la declaración de la niña víctima” y omitió “velar por la correcta aplicación de la ley de fondo y adjetiva”. Este recurso está en la Sala IV, a cargo del juez Omar Antonio Silisque.
