En la causa radicada en Lomas de Zamora el juez Villena interpretó, como lo venía planteando la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar) y los fiscales intervinientes, determinaron que las fincas El Aybal (matrícula 17.163, remanente de las fincas Nupiao, Caricates y Quebracho Ladeado, de casi 20 mil hectáreas) y El Pajeal (matrícula 4329, de 4.737 hectáreas) son usadas por Delfín Castedo para ingresar droga al país.
Al procesarlo, y embargar sus bienes por $100 millones, dispuso también el embargo de ambas fincas. Y decidió, para “hacer cesar los efectos del delito aquí investigado y, a la vez, preservar la fuente de trabajo”. Sobre la intervensión de las fincas, el magistrado aclaró que esta medida cautelar es de carácter “excepcional”. La Sociedad Administradora de Campos fue designada depositaria judicial de ambas fincas.
Asimismo, autorizó a la administradora a realizar todo acto de administración y disposición necesario para la conservación del valor económico de los bienes a su cargo, esto incluye la posibilidad de contratar servicios, vender hacienda, tomar créditos.
Deberá disponer también del pago de gastos, viáticos, honorarios o adquisiciones vinculadas con la explotación, con lo producido de la explotación y los fondos de los que disponga. El juez dispuso además que la administradora deberá brindarle informes trimestrales.
En la resolución de procesamiento el juez destacó que si bien la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ya había ordenado la anotación de litis sobre ambas fincas (en respuesta al pedido de embargo de los fiscales federales de Salta y Jujuy, y de la Procunar), “lo cierto es que esto no impide la transferencia del bien afectado ni acuerda prioridades o preferencias respecto a ulteriores anotaciones de medidas cautelares”.
Y tuvo en cuenta también que a esta altura de esta investigación (y de las radicadas en Salta) no puede descartarse que los actuales poseedores de estas fincas no hayan tenido participación en los delitos investigados o conocimiento de las actividades que se realizaban en ellas.
Esto fue otro motivo para que decretara el embargo preventivo de El Aybal y El Pajeal. En la indagatoria, Castedo había insistido en que no es dueño ni tiene poder de decisión sobre ellas. De El Pajeal dijo que realizó tareas de mejoramiento y por eso el fallecido ex diputado provincial Ernesto Aparicio le concedió un usufructo por 15 años.
De El Aybal, reiteró que la vendió a una empresa que era representada por Eduardo Torino, a quien también se investiga por narcotráfico.
