La decisión responde a la presentación que hizo en ese sentido el defensor de los originarios, Matías Duarte, quien hizo un planteo de nulidad en representación de dos de los tres imputados. La audiencia se suspendió hasta que este pedido de nulidad sea resuelto.
El hecho denunciado habría ocurrido el 24 de septiembre de 2014, cerca de las 6 de la tarde, cuando el denunciante se encontraba colocando postes y cercando las tierras en la Finca Chañaral de Rivadavia Banda Sur.
Por el hecho del que los imputados no tuvieron suficiente información además de no tener acceso al entendimiento cabal de las acusaciones en su idioma, generó la reacción de Amnistía Internacional. Desde la entidad se lanzó una “acción urgente” advirtiendo sobre la violación del derecho de defensa de los tres referentes originarios.
Fue en ese momento que desde el Ministerio de Asuntos Indígenas se presentó una nota ante el juez Primucci, pidiendo información sobre la causa. Desde el Ministerio se entendió que hubo irregularidades en la primera parte de este proceso judicial, en el que Martín Acosta (Comunidad El Chañaral), Dalmacio Acosta (San Felipe) y Campos (Misión Rivadavia), resultaron procesados por usurpación y daños por hechos ocurridos en 2014, cuando se opusieron al alambrado del territorio ancestral que ahora disputan con el empresario Alejandro Gareca.
Se entendió que en realidad el haber iniciado el proceso sin que los dirigentes tengan oportunidad de contar con un defensor y un intérprete, es algo “gravísimo” dentro de un proceso penal. El juicio contra los tres líderes estaba convocado para el lunes que viene, y finalmente se logró que por ahora, quede suspendido.
Pese a ser la causa de 2014, desde el Ministerio se indicó que recién se enteraron del caso por una nota presentada el 7 de marzo lo que también habla del grado de indefensión de los líderes, que comprendieron que estaban ante una situación de gravedad cuando recibieron las notificaciones de que iban a ser juzgados. Hasta ese entonces ni siquiera habían conocido al defensor oficial que el Ministerio Público de la Defensa les había asignado supuestamente.