Ríos Ereñú es uno de los seis hombres que están siendo juzgados en el noveno juicio por crímenes contra la humanidad cometidos en la provincia antes y durante la última dictadura cívico militar. Como lo hizo en el otro juicio que enfrentó acusado de ser partícipe de hechos de terrorismo estatal, insistió en afirmar su inocencia y en que nunca participó de la represión.
En diciembre de 1975 Ríos Ereñú asumió en la jefatura del entonces Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en la norteña ciudad de Tartagal. Dado que todas las fuerzas de seguridad estaban bajo el control operacional del Ejército, se le atribuye responsabilidad sobre las detenciones, asesinatos y desapariciones cometidas en el ámbito de la jurisdicción de este Regimiento, que también funcionó como un centro clandestino de detención a partir del 24 de marzo de 1976.
En este proceso Ríos Ereñú está acusado por la privación ilegítima de la libertad y los homicidios de Bernardino Luna Orellana, Santos Abraham Garnica Rodríguez, David Rey León Paz, Sylvia Ruth Sáez de Vuistaz, Wenceslao Copa, Gregorio Tufiño Ruiz, Benita Giménez de Medina, Raúl Araujo y Nicolasa del Valle Montilla.
También se lo juzga por el secuestro y la desaparición del joven Juan de Dios Ortiz, y por las detenciones ilegales y torturas a Roberto Zelarayán y Ángel Juárez. Todos estos hechos se cometieron en el norte de la provincia, en jurisdicción del Regimiento de Monte 28. La acusación sostiene que, como jefe de esta dependencia militar, Ríos Ereñú comandaba la Sub Área 322-1, una designación otorgada en la división del país que hizo el Ejército a los efectos de la represión.
“(El Regimiento 28) no tiene participación en la lucha antisubversiva”, reiteró ayer Ríos Ereñú, quien también insistió en que la Sub Área 322-1 nunca existió y en que los libros históricos del Regimiento (incorporados como prueba ya en el juicio conocido como Megacausa Salta, realizado en 2012) fueron falsificados para hacer figurar la Sub Área 322-1. En una extensa declaración realizada desde su domicilio en Buenos Aires, vía videoconferencia, el general de división se quejó de que un “error” de la Justicia “me está costando seis años de prisión”.