SECUESTRO Y DESAPARICION

Requieren que el ex juez Ricardo Lona sea juzgado por Ragone

Se presentó un requerimiento para que el ex juez federal Ricardo Lona sea sometido a un juicio oral por su participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

El ex juez Ricardo Lona en la puertas de un juicio oral
El ex juez Ricardo Lona en la puertas de un juicio oral

El pedido fue de los fiscales generales Carlos Amad y Santiago Francisco Snopek. El hecho fue cometido el 11 de marzo de 1976, durante ese ataque también fueron víctimas dos testigos, el comerciante Santiago Arredes fue asesinado y la empleada de comercio Margarita Martínez de Leal resultó herida.

Por este hecho, Lona está acusado por los delitos de prevaricato, encubrimiento y por o-misión de persecución y represión de delincuentes. Los fiscales aseguran que de esta manera "garantizó impunidad".

Por secuestro y desaparición

En el requerimiento de elevación a juicio los fiscales recordaron que la calificación de los crímenes que se le imputan al ex juez federal, en relación al secuestro y desaparición de Ragone, el asesinato de Arredes y la tentativa de homicidio de Martínez de Leal, "va en línea con los pronunciamientos judiciales previos en los que se procesó al acusado y que fueron confirmados en todas las instancias judiciales"; pero la "Fiscalía considera que el ex magistrado fue partícipe de los hechos que afectaron a las víctimas; es decir, de homicidio, privación ilegal de la libertad y de las lesiones".

Se pidio fuera procesado

Los fiscales intentaron que el ex magistrado fuera procesado por su participación en los hechos principales, pero no consiguieron revertir la opinión de los jueces intervinientes. En cambio, en la causa por la Masacre de Palomitas por la matanza de once detenidos políticos, Lo-na sí está procesado como partícipe de este hecho.

Según informó el portal fiscales.gob.ar, el dictamen fiscal tiene 111 páginas y fue presentado ante el juez federal subrogante Fernando Poviña, que tiene a su cargo las causas que involucran a Lona. En marzo pasado Amad y Snopek habían pedido al magistrado que clausurara la instrucción y les diera la posibilidad de solicitar la elevación a juicio que ahora hicieron.

Los fiscales destacaron que Lona cerró la investigación a sólo semanas de recibir el expediente policial y que omitió pruebas relevantes, co-mo citar a declarar a Martínez de Leal y realizar la autopsia del cuerpo de Arredes.

Irregularidades policiales

Amad y Snopek afirmaron que Lona omitió adoptar medidas procesales trascendentes para la pesquisa, que llevó el control y selección de las medidas que debían adoptarse y convalidó las irregularidades policiales, lo que condujo a "hacer desaparecer o frustrar pruebas relevantes para llegar a identificar a los responsables" del atentado. En esa línea, el ex juez tampoco convocó a declarar al testigo Damián Men-doza, que la noche anterior había advertido al ex gobernador que un comando había partido de Córdoba con el objetivo de asesinarlo.
 
"Aporte a la empresa criminal"

"(Ricardo) Lona tenía pleno y pormenorizado conocimiento de las circunstancias históricas que rodearon la persecución y posterior secuestro y desaparición del Miguel Ragone", afirmaron los fiscales, para quienes "ese conocimiento previo" más el "carácter sistemático de su actuación en la época", refuerzan la hipótesis de que el ex magistrado "se adaptó, toleró o prestó su asentimiento al plan criminal, conociendo que su comportamiento omisivo dejaba impune un magnicidio y los delitos conexos". De esta manera Lona se ubicó "como en engranaje de la maquinaria estatal" de la represión ilegal.

Persecución a opositores

"Su aporte a la empresa criminal es tanto más relevante cuanto que el magnicidio, y la persecución previa y posterior de personas vinculadas al ex gobernador, necesariamente tuvieron que operar como una señal muy potente para el conjunto de la población, y en particular para los grupos operativos que llevaban adelante la persecución de opositores políticos, que podían así tener plena libertad para obrar, desde el momento en que sabían que no serían investigados por el acusado", señalaron Amad y Snopek.

Para ambos esta inacción del entonces magistrado "significó en los hechos desmontar el último pilar del estado de derecho en la provincia de Salta, en el marco del proceso de descomposición de sus instituciones en aquella época". Como prueba de ello, se inscriben las numerosas desapariciones posteriores de personas que tenían vinculación con Ragone.

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