En su escrito, los titulares de los dos organismos que nuclean a los Fiscales y Procuradores Generales de todo el país, “peticionan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Germán Garavano, que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda una mesa de diálogo en la que participen autoridades de la Justicia y de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y de Ciudad Autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la Ley 26.052 -de manera expresa- establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización”.
Los fiscales y procuradores dejaron en claro que la remisión de fondos a las provincias “es el factor crucial que al día de la fecha viene impidiendo la generalización de una política de persecución integral contra la narcocriminalidad con participación de todos los órdenes judiciales que es la única que logrará poner límites a un problema cuya solución la sociedad demanda que se aborde con decisión y con respuestas contundentes”.
Ambos organismos incrementaron la intensidad de un reclamo que no es nuevo, pues en otros comunicados ya plantearon al Estado Nacional una definición sobre el modelo de desfederalización de drogas. La propuesta de conformar una mesa de diálogo, en tanto, evidencia a las claras el reclamo de provisión de fondos, o sea que se cumpla lo establecido por ley, para garantizar el normal funcionamiento de este modelo.
Resultados positivos
La declaración se firmó al finalizar las jornadas de Narcocriminalidad que ambos organismos realizaron entre el 9 y 10 de noviembre pasado en Córdoba, oportunidad en la que estuvieron presentes no sólo fiscales y procuradores de todo el país, sino también funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En uno de los paneles, titulado “Lucha contra el Narcotráfico, una visión del Ministerio de Justicia de la Nación”, Ricardo Martín Casares y Juan José Benítez (Jefe de Gabinete y Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) expusieron un detallado estudio sobre Crimen Organizado y Narcocriminalidad en los jóvenes de todo el país.
Asimismo, ambos funcionarios se pronunciaron de manera positiva sobre la efectividad del modelo de desfederalización de drogas, al que en Argentina sólo se encuentran adheridas las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Salta, mientras que el resto sólo han adelantado intenciones, incluso en algunas provincias se elaboraron proyectos de ley, sin embargo, su adhesión oficial hasta el momento no llegó a concretarse.
Durante las jornadas, los distintos disertantes, dejaron en claro la efectividad de este modelo, el que ha permitido avanzar sobre el combate del llamado narcomenudeo o microtráfico, el que ha llevado a la cárcel a miles de personas con condenas que se lograron en tiempos récords.
Se destacó el accionar judicial en las tres provincias en las que funciona este modelo, no obstante, se abrogó por la necesidad de aún ir más allá al respecto, pues la desfederalización requiere asimismo una tarea conjunta con los tribunales federales.
Política de Estado
Para los fiscales y procuradores “es indispensable” que la aplicación de la desfederalización se aplique “como política de Estado en todo el país”. Y así, “se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo”.
También resaltaron el hecho que “actualmente estos organismos, que en la mayoría de las provincias actúan aplicando un régimen procesal moderno, agil y eficaz, ostentan una especial capacidad para abordar las actividades periciales en las causas relativas a la narcocriminalidad por medio una red de laboratorios forenses distribuidos en todo el territorio nacional”.
Por otra parte, consideraron que “el marco legal actualmente vigente en materia de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico constituye una base que ha permitido la participación de las provincias poniendo límite al fenómeno del narcomenudeo que de otro medo queda en situación de impunidad”.
Sin embaro, señalaron que “la ley que regula la materia debe ser objeto de revisión para posibilitar una actuación conjunta de las organizaciones federales y provinciales más adecuada. Esta afirmación se formula en el convencimiento de que es posible que ambas órdenes ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención convergente más flexibles que el vigente en nuestro ámbito”.
