Esta nueva y novedosa herramienta de investigación criminal fue presentada oficialmente el 17 de marzo pasado durante un acto realizado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del cual participaron el ministro, Germán Garavano, el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, y Procurador de Salta, Pablo López Viñals.
El protocolo fue oficializado ante un grupo compuesto por 23 procuradores de todo el país, entre ellos el Presidente del Consejo de Procuradores, Mario Bongianino, y otros funcionarios nacionales vinculados con la investigación criminal.
Durante el año 2016, ante la diversidad de prácticas de levantamiento de la evidencia en la escena del crimen, la subsecretaría de Política Criminal, a través del Programa Nacional de Criminalística, y de manera conjunta con los consejos que nuclean a los procuradores, dieron marcha a la elaboración de un instrumento consensuado y federal con los criterios necesarios para la recolección y tratamiento de la evidencia por parte de los laboratorios forenses.
Para ello, se convocó a los directorios de los laboratorios de los ministerios públicos fiscales, quienes integran la Red Nacional de Ciencias Forenses, a fin de que compartan experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, en pos de aunar criterios y conformar protocolo único en materia de levantamiento de rastros y evidencias.
“Valoramos el trabajo que los Consejos vienen realizando para el fortalecimiento de los Ministerio Públicos, y queremos apoyarlos en la generación de protocolos y dotación de recursos y técnicos de avanzada”, señaló el ministro.
Tarea “mancomunada”
López Viñals destacó la elaboración de este protocolo, como así también la intervención de los distintos expertos que debatieron para su conformación, quienes actuaron en representación de los laboratorios regionales forenses de Alta Complejidad, cuya creación y puesta en marcha surgió del consenso de los consejos que reúnen a los procuradores de todo el país y del acompañamiento del Ministerio de Justicia de la Nación.
“La incorporación de nuevos recursos tecnológicos obliga a contar con protocolos de actuación que orienten al resto de los operadores del sistema de justicia penal a trabajar en forma mancomunada y sistemática, evitando errores que puedan comprometer la validez de las actuaciones”, explicó López Viñals.
