En el Centro de Convenciones del Centro Cívico del Grand Bourg, y a través de una modalidad, conocida como “Conversatorio”, los integrantes de la comisión, bajo la dirección del senador nacional Rodolfo Urtubey -quien ofició de moderador-, abordaron los aspectos más salientes de la reforma que se avecina.
La exposición, considerada un acontecimiento histórico en materia judicial para la provincia, se logró gracias a las gestiones de López Viñals, quien es el único Procurador del país que fue invitado a integrar la comisión, dispuesta mediante un decreto del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en febrero pasado.
Junto a estos juristas, también estuvieron presentes María Lila Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia de la Nación; Diego Gustavo Barroetaveña, Juez de Cámara; y Luis María Cabral, Juez del Tribunal Oral Federal.
Con un nutrido marco de asistentes, conformado por operadores del sistema judicial, entre ellos fiscales, jueces, funcionarios y abogados, los integrantes de la comisión se refirieron a los cambios más salientes en materia penal, como así también respondieron numerosas preguntas realizadas por el público.
Nuevos tipos penales
A modo de introducción, Borinsky, se refirió a los nuevos conceptos que tendrá el anteproyecto, como así también señaló algunos de los nuevos tipos penales, la actualización de otros ya existentes. Indicó que la comisión analiza incorporar los delitos de Lesa Humanidad, desaparición forzada y genocidio, los cuales tendrán penas que podrían llegar, incluso, a la prisión perpetua.
Agregó que se decidió mantener las agravantes previstas para el homicidio imprudente en accidentes de tránsito, siendo este un tema que ya fue legislado y que, según consideran, no es necesario volver a materia de análisis.
Por otra parte, reveló que se proponen redacciones superadoras del delito de abuso sexual ajustando las escalas penales para mantener la proporcionalidad de las penas. Asimismo se prevén figuras como del delito de pornografía infantil, grooming y cyber-delitos a fin de contener las modernas modalidades delictuales que se advierten en la sociedad.
Sostuvo que se mantiene la irrelevancia del consentimiento de la víctima para el delito de trata de personas (de conformidad con el protocolo de Palermo y la última reforma en esta materia). Y se moderniza el delito de quiebra y otros deudores punibles. Se incorporan los delitos electorales y se modifica la denominación del Capítulo VI de "Cohecho y tráfico de influencias", por "Delitos de Corrupción cometidos por Funcionarios Públicos o equivalentes".
Se elevan escalas penales de los delitos contra la Administración Pública, en particular los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Se mejora la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito y se amplían los plazos comisivos (desde la fecha de la elección en el cargo público, y se amplía de 2 a 6 años posteriores a la cesación en el cargo público).
Cohecho y tràfico de influencias
Con respecto a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, se propone ampliar los supuestos agravados (que en la actualidad se limitan a los Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público) al caso del presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o secretario de Estado, gobernador, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vicegobernador, vicejefe de Gobierno intendente, legislador nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal.
De acuerdo al avance de las empresas narco-criminales, expresó que la comisión evalúa un incremento en los montos de las penas; así como también introducir la actual Ley de Estupefacientes en un Título autónomo. Estos aumentos de las penas se encontrarán diferenciados según la gravedad de la conducta.
Explicó que se analizó incorporar los delitos contra la flora y la fauna, la responsabilidad de funcionarios públicos. También se discutió la inclusión en el Código Penal del régimen penal tributario y previsional y la Incorporación de los delitos de contrabando. Al margen de estos avances, Borinsky resaltó la necesidad de lograr un código ágil, moderno, posible y sistemático, definiéndolo como un “contrato social”.