JUICIO DE LESA HUMANIDAD

Las querellas coincidieron en pedir penas de prisión perpetua

Dos de los tres querellantes en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta coincidieron ayer en pedir penas de prisión perpetua para cinco de los seis hombres que están siendo juzgados por actos de terrorismo estatal cometidos en 1975 y 1976, sobre todo en el norte de la provincia.

NDS |

Los abogados de la querella Gastón Casabella, Susana Aramayo y David Leiva.
Los abogados de la querella Gastón Casabella, Susana Aramayo y David Leiva.

Las solicitudes de condena recayeron sobre el ex jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, Héctor Ríos Ereñú; los ex jefes policiales Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz y Joaquín Guil y contra el ex jefe de la Comisaría de Embarcación, Arturo Madrigal. En una larga jornada que al final se desarrolló por la tarde, alegaron los abogados Susana Aramayo, por la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia; Tania Kiriaco, por la Universidad Nacional de Salta. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, no pudo terminar su alegato (que pronunciará junto a Dolores Parra) y continuará el 27 de este mes, a partir de las 14.

Acompañada por el abogado David Leiva, presidente de Encuentro, Aramayo pidió penas de prisión perpetua para Ríos Ereñú y Madrigal. Al ex jefe del Ejército lo acusó por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado en cinco hechos, por las  desapariciones de Sylvia Sáez de Vuistaz, Santos Abraham Garnica, Mario Bernardino Luna, David Reina León y Sergio Wenceslao Copa, jóvenes trabajadores (y estudiantes en algunos casos) y militantes de la JP y de la Federación Juvenil Comunista (en el caso de Luna) que fueron secuestrados y desaparecidos en el norte de la provincia. La abogada recordó que para la dictadura cívico militar el norte salteño era “estratégico” porque en su momento había servido para el adoctrinamiento y la provisión de la guerrilla instalada en Tucumán y luego fue territorio de paso para quienes huían de la represión alcanzando la frontera internacional.

Añadió que  como comandante del Regimiento de Monte 28, Ríos Ereñú era también el jefe de la sub área 322-1, que a los efectos represivos tenía jurisdicción sobre los departamentos Orán y San Martín, donde fueron secuestrados y desaparecidos estos jóvenes militantes.

Destacó que la existencia de esta sub área se probó ya en otros procesos judiciales. Para Madrigal pidió condena en relación a Sáez de Vuistaz, porque fue desaparecida de Embarcación. Aramayo sostuvo que el comisario no pudo desconocer la suerte corrida por la joven, y aseguró que tuvo participación para asegurar la impunidad de los secuestradores.

También pidió que se les revoque la prisión domiciliaria y se les quite la jubilación. Kiriaco por su parte alegó en la conocida como Causa UNSa II, por los secuestros y desapariciones de Miguel Ángel Arra, Carlos García, Nora Saravia de García, Raúl Humberto Machaca, Gregorio Tufiño, Carlos Alberto Rivero y  Daniel Loto Zurita.

Sostuvo que estos docentes y estudiantes fueron perseguidos por tratar de llevar adelante un proyecto de universidad abierta y que ayudara al desarrollo de la región. Tras hacer un repaso por el contexto histórico en la Universidad, pidió prisión perpetua para Gentil y Guil, por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Arra, cuyo cuerpo fue encontrado en cercanías del campo del Ejército en esta ciudad.

También pidió la condena por las desapariciones de García, su esposa Nora Saravia, Machaca, Tufiño, Rivero y Zurita. La misma pena pidió para Mendíaz, por las desapariciones de Machaca y Zurita. Y concluyó pidiendo “poner en valor el esfuerzo mancomunado” de los familiares, organizaciones de derechos humanos e instituciones como la Universidad para avanzar en el proceso de memoria y justicia.

“Política de Estado independiente del gobierno de turno”

El abogado Gastón Casabella, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ratificó y reafirmó “el proceso de verdad y justicia” que lleva adelante el Estado argentino desde hace años.

“Este proceso es una política de Estado que es independiente del gobierno de turno”, aseguró al comenzar su alegato, pasadas las 19:30. Casabella hizo esta afirmación “frente al intento de penetrar con un negacionismo” que pretende debilitar el consenso social que existe en el país respecto de la necesidad de llevar adelante este proceso.

Los juicios por los delitos contra la humanidad cometidos por el terrorismo estatal, dijo, son “históricos” y definen el sistema democrático en el país, porque establecen con claridad que “ciertas conductas no pueden ser aceptadas en el futuro bajo ninguna circunstancia”. En este sentido el abogado sostuvo que el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la dictadura cívico militar “funciona como una garantía no repetición”.

Además, destacó el “efecto reparador” de las sentencias para los familiares de las víctimas del terrorismo. La posibilidad de la Justicia de otorgar credibilidad y respeto al relato de personas que han soportado el terrorismo estatal, y que en muchos casos han debido soportar también la condena social. Y citó al histórico secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, al afirmar que “la historia está en disputa desde el presente”.

“La gravedad de los delitos (que se atribuyen a los acusados en este juicio) no admite ni indulto ni perdón alguno, sólo justicia”, aseveró Casabella. En este juicio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en relación a crímenes cometidos en perjuicio de 30 personas.                        

Todos enfermos

El inicio de la audiencia de la víspera fue demorado hasta las 14, debido a inconvenientes de salud de los acusados. Según explicó el defensor oficial Juan Pablo Lauthier, el represor Joaquín Guil se descompensó por cuestiones personales; Arturo Madrigal se resintió por achaques debidos a su edad, y Virtom Modesto Mendíaz tenía un “estado de somnolencia” provocado por medicamentos, además que ya ha pedido ser apartado de las causas judiciales en su contra argumentado razones siquiátricas.

Por estas razones el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 terminó autorizándolos a no escuchar las audiencias. Lo mismo hizo horas después con el comandante retirado de Gendarmería Nacional Diego Alejandro Varas, que está acusado en relación a la desaparición de Raúl Benjamín Osores, causa que no tiene querellantes. “Tampoco se está sintiendo bien”, dijo el defensor al solicitar que se le permitiera retirarse.

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