La defensa, a cargo del abogado Matías Duarte, viene insistiendo en que el proceso se haga con un intérprete del wichi (la lengua materna de los tres acusados), pero la Justicia rechazó estos planteos y la audiencia de hoy se haría sin un traductor.
Los acusados son los caciques Demetrio Campos, de la Comunidad La Misión; Martín Acosta, de El Chañaral, y Dalmacio Acosta, de San Felipe. Los hechos por los que se los acusa ocurrieron en septiembre de 2014, cuando el finquero Alejandro Gareca comenzó a deslindar y alambrar territorio comunitario en la zona de El Chañaral y los dirigentes se opusieron y levantaron los postes.
El finquero los denunció en su momento por usurpación, amenazas y daños. Y si bien la fiscal interviniente, Mónica Viazzi, consideró que no existió usurpación, sí los acusó por daño y amenazas, delitos por los que continuó el trámite penal. La audiencia se hará ante el Tribunal de Juicio de Orán, cargo de Aldo Primuci.
Planteos sin resultados
Hace un año, cuando se intentó realizar este juicio oral, la defensa planteó la nulidad del proceso porque no había intervenido un intérprete. Este planteo fue rechazado por el Tribunal y luego por el Tribunal de Impugnación, porque los jueces entendieron quelos caciques conocen la lengua nacional porque concurrieron a indagatoria y dijeron que no iban a declarar, luego firmaron las actas escritas en idioma español y usan también este idioma en lo sellos de sus cargos de caciques.
Ayer, “al advertir que no se había designado a un intérprete” para la audiencia, Duarte volvió a insistir en la solicitud de que de un traductor, considerando que “es necesario” para que los caciques puedan entender todo lo que suceda en el juicio y puedan ejercer su defensa. Hasta el cierre de esta edición no había recibido respuesta.
Irregularidades en el proceso
El hecho de que los caciques fueran denunciados por defender su territorio, y de que el proceso se hiciera sin un traductor, motivó el año pasado la intervención de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que hizo un llamamiento para que se respeten el derecho de defensa de Campos, Martín y Dalmacio Acosta.
En el proceso se han denunciado otras irregularidades. Ayer, en un comunicado de personas que acompañan a las comunidades originarias de Rivadavia Banda Sur se recordaba que a uno de los acusados “lo están llevando juicio sin siquiera haberlo indagado ni realizado en audiencia la imputación que prevé el Código Procesal Penal de la provincia”.
Y se advertía que “la realización de un juicio en estas condiciones implica un serio riesgo para el derecho de defensa de los tres caciques”.
En la primera parte de la investigación los caciques no contaron con defensa. Por eso también se planteó la nulidad, pero fue rechazada.
Luego la defensa oficial solo ofreció como prueba el testimonio del denunciante. Y la fiscal Viazzi hizo dos ofrecimientos de prueba: en el primero pidió 4 testigos, pero que corresponden a otro hecho, del 1 de enero de 2016; en el segundo, referido a este hecho pidió los testimonios del finquero y de tres policías. Los 8 testigos fueron aceptados por el Tribunal.
