Los acusan de delitos de usurpación y daños, por haber levantado alambrados en su propio territorio en una disputa de tierras que tienen con el empresario oranense Alejandro Gareca. En su momento las comunidades también denunciaron al empresario, pero esas causas no prosperaron.
Los acusados son el cacique de la Comunidad Wichi El Chañaral, Martín Acosta; el presidente de la Comunidad Misión Rivadavia, Demetrio Campos, y el cacique de la Comunidad San Felipe, Dalmacio Acosta.
Está previsto que el debate se haga en la Sala I del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Aldo Primucci. Se trata de la causa penal expediente 52245/16, por denuncia de Alejandro Gareca, quien “pretende alambrar nuestro territorio tradicional, sin haber tenido un justo proceso hasta aquí, sin ninguna ley que nos ampare”, denunciaron las comunidades wichi de Rivadavia Banda Sur.
En sendas notas enviadas al Ministerio de Asuntos Indígenas de Salta, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Defensoría del Pueblo de la Nación, solicitán “su intervención para evitar que se realice un juicio en el que nuestros líderes nunca tuvieron abogado defensor hasta este momento y se encuentran en una situación de peligro y desventaja con el denunciante, quien tiene dinero y abogados para denuncias y la fuerza para continuar alambrando y quitándonos nuestro territorio”.
En 2013 y 2014 la Comunidad El Chañaral denunció reiteradamente el alambrado y otros trabajos de cerramiento en las tierras que tradicionalmente ocupa y donde “desarrolla su vida y cultura”. La Comunidad indicó que estos actos vulneran “sus derechos de propiedad y posesión reconocidos jurídicamente”.
Sin embargo, “ninguna de estas denuncias prosperó” y “ahora nos quieren llevar a juicio por defender nuestro territorio”. Las comunidades aseguraron que el proceso judicial al que se somete a los tres líderes “no es justo”, en primer lugar, porque jamás contaron con un abogado defensor, si bien en el expediente figura que hubo un defensor oficial, los acusados sostienen que “nunca le vieron la cara ni recibieron consejos legales o palabra alguna” y ni siquiera lo conocen.
Tampoco se usó un intérprete de la lengua wichi y tampoco les fue traducida la denuncia “de modo alguno” para que pudieran entenderla. “Nuestros líderes están ciegos para defenderse porque no entienden la acusación y ahora los quieren llevar a juicio”, señalaron las comunidades.
Ahora, ante la proximidad del juicio, las comunidades buscaron asesoramiento legal por su cuenta, pero ya el proceso penal está muy avanzado y “no han tenido posibilidad de defenderse de ningún modo”.
