En ese sentido, el especialista aclaró que las penas se deben traducir en una aplicación efectiva de la ley penal, al mismo tiempo que le permita dar seguridad a la sociedad y la protección que merece a la víctima en los expedientes penales.
En cuanto a las nuevas modalidades de delitos destacó en primer lugar a los informáticos, como el grooming (acoso virtual), daños informáticos, pero también aquellos delitos que atentan contra el medio ambiente, y las nuevas modalidades del narcotráfico, económicos, ley penal cambiaria y lo que tiene que ver con los delitos tributarios aduaneros que hoy en día no están incorporados al Código Penal, tráfico de órganos, bienes culturales, entre otros.
Detalló que si bien algunos están contemplados en las Convenciones Internacionales, no se plasman en el Código Penal, por lo que el objetivo es incorporar todos estos delitos al Nuevo Código Penal que se presentará en los primeros meses del año que viene.
Los puntos a rever de los que ya están establecidos: que haya una aplicación efectiva de la Ley Penal por ejemplo, no solo en los casos de penas bajas que no tienen ningún nivel de cumplimiento, buscando alternativas como una prisión domiciliaria. Los motivos de este incumplimiento los atribuyó a la falta de definiciones actuales conformes las convenciones internacionales. "Tal vez se está mirando la pena de prisión y no se está mirando que deben volver por ejemplo los haberes malhabidos, a través del instituto del decomiso”.
Agregó que hace cien años no se miraba que sucedía con las corporaciones y hoy el Código Penal se tiene que preocupar sobre la efectivizacion de la pena de prisión, el decomiso, las sanciones a las grandes corporaciones, por mencionar algunos de los grandes aspectos a modificar en el Código Penal.
Contacto con entidades sociales
González Guerra destacó la apertura de la Comisión hacia las entidades sociales y otros operadores del sistema. Dijo que se convocó a ONG y a expertos en determinadas áreas del derecho, tales como delitos informáticos, lavado de activos y narcotráfico, a quienes consulta sobre su área de experticia y, en algunos casos de ser requerido, aportan sugerencias.
Definió la tarea de la comisión en un marco plural y democrático, como así también resaltó la interacción de manera permanente con el Programa Justicia 2020, mediante el cual se reciben consultas y se estudian las propuestas que se alcanzan.
Mahíquez y Turano, en tanto, también centraron sus exposiciones en torno a aspectos centrales de los delitos, la proporción de las penas y otros aspectos, mientras que López Viñals prefirió centrarse en la discusión de la pena, la libertad condicional y los parámetros para el otorgamiento de este beneficio. Sostuvo que la decisión de la pena merece una nueva redacción dentro del Código, ya que los dos artículos sobre los cuales hoy se basan los operadores del sistema para determinar los montos han quedado desactualizados y su interpretación es prácticamente imposible de entender.
