Así lo expresaron los procuradores y fiscales generales de todo el país nucleados en los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina durante su última reunión.
Estos dos organismos, presididos por el Procurador General de Salta, Pablo López Viñals y su par de la Pampa, Mario Bongianino, se reunieron días pasados en el marco de “XXXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos”, realizadas en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Las molestias en torno al acceso y respuestas por las escuchas telefónicas, una herramienta clave para la investigación penal, es de larga data entre los procuradores, quienes representan a los fiscales penales de todo el país que llevan adelante causas en la justicia de las provincias.
A partir de la implementación del sistema acusatorio, ya prácticamente vigente en todo el país, las investigaciones están en manos de los fiscales penales, quienes dirigen el proceso y tienen facultades para el uso de todas las herramientas investigativas que permitan el esclarecimiento de distintos delitos, entre ellos los más graves, como los homicidios, narcotráfico y otros provenientes del crimen organizado.
En este sentido, los procuradores debatieron respecto al difícil acceso que tienen los fiscales para hacer uso de esta herramienta, como así también la respuesta de la Dirección de Captación de Comunicaciones, organismo encargado de realizar esta tarea, actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para los procuradores, la mayor parte de los delitos provenientes del crimen organizado son investigados por las justicias provinciales, por lo que es un despropósito que se dependa de un organismo de la justicia federal para poder avanzar en materia de investigación.
Es por ello, que los procuradores discutieron sobre la necesidad de distribuir las facultades para realizar intervenciones telefónicas en organismos provinciales en busca de obtener una respuesta más ágil y eficiente. “Caso contrario la lucha contra el delito se torna ilusoria”, dijeron.
Para ser más directos, los procuradores reflejaron esta problemática en un documento dado a conocer tras la reunión en Tucumán. “La investigación penal frente a la complejidad que adquiere el delito en las sociedades modernas demanda que se termine con la improvisación de los investigadores para acceder a una herramienta fundamental como las escuchas telefónicas, aspecto este que al día de la fecha es gestionado de manera ineficiente y concentrada por el Poder Judicial de la Nación.”, dice tal declaración.
“Exhortamos por tanto al poder político para que en las instancias respectivas adopte las medidas necesarias para que estas metodologías de investigación se encuentren en lo sucesivo disponibles en el ámbito de la Justicia Provincial, tomando especialmente en cuenta que el sistema acusatorio concentra los recursos de investigación dentro del Ministerio Público”.
¿Y el federalismo?
En las deliberaciones afloraron numerosas quejas que dejaron expuesto un trato diferencial de parte de la Dirección de Captación de Comunicaciones, ya que esta oficina se muestra eficiente o prioriza los pedidos que vienen de la justicia federal y posterga los provenientes de las justicias provinciales.
Este manejo genera graves daños en la justicia, pues no solo retrasa la investigación e individualización de posibles sospechosos, sino también pone directamente en riesgo el esclarecimiento del delito.
La Dirección de Captación de Comunicaciones, a cargo de Juan Rodríguez Ponte, recibió este año un presupuesto de 500 millones de pesos, de los cuales el 90% fueron destinados al pago de sueldos de los empleados, la mayoría de ellos hijos de jueces y fiscales federales.
Entre ellos se encuentran hijos de los jueces federales Eduardo Farah, Luis María Bunge Campos y Rodolfo Canicoba Corral; el fiscal, Carlos Stornelli; el juez penal económico, Marcelo Aguinsky.
Estos parientes, según un informe del diario La Nación, cobran sueldos que van de los 28 a 82 mil pesos. El mes pasado, a todo esto, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, había pedido que el presupuesto dado este año a la Dirección de Captación de Comunicaciones pase de 500 a 2.000 millones, sin embargo, la queja de los procuradores y la posibilidad que las escuchas telefónica puedan pasar a organismos provinciales pondrían en dudas un presupuesto tan semejante.
