SIETE POLICIAS ACUSADOS

En febrero empezaría el juicio por la desaparición de Daniel Solano

El juicio por la desaparición y asesinato del joven jornalero guaraní Daniel Solano empezaría a mediados de febrero del año próximo, anunció Leandro Aparicio, que junto al abogado salteño Sergio Heredia, asiste a la familia de la víctima. 

Mural, parte de la campaña en busca de Daniel Solano, desaparecido desde 2011.

Aparicio hizo esta afirmación en entrevistas concedidas a distintos medios, dado que ayer se cumplieron 6 años de la desaparición de Solano y en la ciudad de Choele Choel se realizó una olla popular, una manifestación y un festival artístico en reclamo del avance de la investigación sobre los acusados por su muerte y de la búsqueda de su cuerpo, presumiblemente arrojado a un jagüel (pozo).

Solano, que era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, de Tartagal, está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por un grupo de policías del boliche Macumba, en la ciudad rionegrina de Choele Choel, adonde había viajado para la cosecha de frutas en la empresa Agrocosecha, de propiedad de la multinacional Expofrut.

Poco antes de desaparecer Solano se había quejado porque el salario que le habían pagado no era el convenido. 
Aparicio dijo que el juicio “empezaría sobre mitad de febrero y (seguiría) hasta fines de abril”. Detalló que durante este proceso declararán “muchísimos” testigos, algunos del sur  y otros de Tartagal, de donde era oriundo Solano. 

Los 7 policías acusados por este hecho están en libertad actualmente, debido a que luego de 3 años de detención, la Justicia dispuso que fueran excarcelados. 

Durante la instrucción los abogados de la querella lograron dar con testigos que contaron cómo y quién mató al jornalero y que su cuerpo fue arrojado a un pozo en el campo La Manuela, con dos bolsas de cal, para ocultarlo.

Después de una larga batalla judicial, la querella consiguió que la Justicia autorizara la inspección de ese pozo, pero estableció ciertos parámetros para este trabajo y se niega a que el gasto que demanda el descenso al jagüel corra por cuenta del Estado y, en cambio, pretende que la familia de Solano, muy humilde, afronte los costos. 

La inspección en el pozo debería hacerse en este mismo mes, pero sigue la discusión sobre quién afrontará los gastos. 

“Como nos pusieron tantas trabas (...) tuvimos que adecuarnos a un protocolo que sale plata”, sostuvo el abogado en declaraciones a las radios La Retaguardia y Zona Libre. Dijo que están gestionando ante la Legislatura y la Nación y que, de ser necesario, pedirán una cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

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