"El caso muestra el desapego por las leyes de un terrateniente salteño: realizó explotación, laboral e infantil; desmontó ilegalmente una superficie similar a la de media ciudad de Buenos Aires; y desobedeció las clausuras de la finca. Y evidencia la desidia del Gobierno provincial a la hora de realizar controles efectivos para evitar la deforestación ilegal".
Esa es la conclusión a la que llegó la entidad ambientalista Greenpeace al hablar del caso que involucra a los productores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, quienes tienen tierras en el Chaco salteño y en más de una ocasión fueron denunciados por las comunidades de alambrarlos y perseguirlos.
Los antecedentes
El 10 de abril de 2013 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) "descubrió a 157 trabajadores no declarados, entre los que había también menores de edad, que eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo y vivienda en una finca dedicada al desmonte de campos, ubicada a 30 kilómetros de Dragones", ubicado en el departamento San Martín.
Durante el operativo de inspección se visitaron dos predios -que en total suman 16.600 hectáreas - cuyo propietario declaró ventas totales por $ 70 millones en 2012".
Recién al día siguiente la Secretaría de Ambiente de la Provincia realizó la inspección y notificación del desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas (Categoría II - amarillo), el cual fue ejecutado durante cinco meses. Los inspectores volvieron al otro día y detectaron que "las tareas no habían sido paralizadas, se procedió al secuestro de una topadora, no estaban inscriptas en el registro de máquinas desmontadoras.
El día 12 se procedió a la clausura del campo por 60 días, se colocaron 3 fajas de clausura; cuando regresan a los pocos días (16 ó 17) al campo se constató que dos de las fajas se encontraban en el lugar y otras dos tiradas en el piso". Luego se estableció una multa de $ 11 millones.
El 2 de octubre de 2015 la vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vázquez, condenó a Juan José Karlen a la pena de 6 meses de prisión condicional por el delito de Desobediencia a la Autoridad. El fallo consideró que "en cuanto al daño causado, es grave, el perjuicio ocasionado al ambiente.
Fue entonces que López Viñals solicitó a la jueza que condene a Karlen a depositar la suma de $171.413.473 para realizar la restauración de las 11.875 hectáreas desmontadas. En julio pasado, llegó el perdón y un nuevo acuerdo.
