El juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio pudo establecer que María Mercedes Rodríguez, Vicente Sergio Posse, Paola Mariela Frías y Pedro Alejandro Avendaño, realizaron las maniobras diciendo que estaban preadjudicando carpetas para la entrega en el barrio antes mencionado.
Los damnificados les entregaron para tal fin entre mil y 12 mil pesos cada uno. El juez condenó a María Mercedes Rodríguez (31) a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, por resultar autora material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas (nueve hechos), coautora de los delitos de estafas reiteradas (seis hechos) y robo simple, todo en concurso real. Se ordenó que permanezca alojada en la Penitenciaría local.
También condenó a Vicente Sergio Posse (40) a seis meses de prisión efectiva, por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de robo simple. El juez revocó la condicionalidad de una pena anterior impuesta por el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación, unificando las condenas en la pena única de tres años de prisión efectiva, y ordenó que el imputado continúe alojado en la Cárcel Penitenciaria local.
También condenaron a Paola Mariela Frías (30) a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por resultar coautora material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas (seis hechos) en concurso real.
Finalmente, se condenó a Pedro Alejandro Avendaño (34) a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas (seis hechos) en concurso real.
A los dos últimos se les impuso reglas de conducta y que se sometan al Patronato de Presos y Liberados. Finalmente explicaron que para realizar las maniobras ingresaban a los distintos barrios en camionetas ploteadas con logotipos del Gobierno.
Durante el proceso de investigaciones, desde la Subsecretaría de Tierra y Hábitat informaron que ninguno de los condenados pertenecía a al organismo. Cabe resaltar que la Justicia también investiga la venta ilegal de terrenos en Parque La Vega, donde están imputados ex empleados de Tierra y Hábitat.