Fuentes judiciales informaron que Farah pidió una serie de informes tras decidir acompañar la presentación del fiscal, por el uso indebido de autos secuestrados por la Justicia, que se encontraban en poder de funcionarios, policías y particulares sin la orden de los jueces correspondientes.
Esta situación tomó estado público en los últimos días y motivó una serie de relevos y traslados en la estructura de la Policía de Salta, especialmente en la Brigada de Investigaciones. De esta manera, el magistrado inició la investigación correspondiente.
La promoción de acción penal se fundamentó en hechos que podrían configurar delitos bajo las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado por equiparación, en contra del jefe de la Policía de Salta.
El jefe de la Policía dijo que el uso de estos vehículos "era habitual en la fuerza" y que muchas veces "fueron fundamentales para el esclarecimiento de casos, debido a que no estaban identificados como automóviles policiales".
El secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, informó entonces que se inició una serie de sumarios administrativos en torno a estos hechos, y anticipó que de esa manera se iba "a determinar qué pasó con el uso de los vehículos y a tomar las medidas del caso".
Consideró "saludable" la intervención de la Justicia para esclarecer los hechos y manifestó su "total confianza" a Liendro, quien a su vez no descartaba la posibilidad de que miembros retirados de la fuerza y otros en actividad, “hayan impulsado esta situación”.