La letrada, que actúa como patrocinante de la organización de derechos humanos Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, hizo esta afirmación en una conferencia de prensa convocada por organismos de derechos humanos para informar sobre la presentación hoy de un recurso extraordinario.
Solicitan que la Corte de Justicia de la Nación revoque la resolución por la que la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la condena al empresario Marcos Jacobo Levín, a 12 años de prisión, por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia en 1977.
Añadió que ya se dio en varias causas por terrorismo estatal que “Casación analiza la causa de forma fragmentada, descontextualiza, es decir no analiza el contexto en el que suceden los hechos y por lo tanto llega a conclusiones arbitrarias, que no se condicen con lo que sucedió en el juicio ni con la prueba recabada”, sostuvo al explicar los fundamentos del recurso extraordinario que será presentado formalmente hoy en Casación Penal.
Con este objetivo ya se encuentra en Buenos Aires el abogado David Leiva, querellante en causas de lesa humanidad y presidente de Encuentro.
También presentará un recurso extraordinario el abogado Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Plata, en su caso en representación de Víctor Cobos, el trabajador y delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la empresa La Veloz del Norte que a comienzos de 1977 fue detenido, torturado y obligado a firmar una falsa confesión, tras una denuncia de Marcos Levín.
Castillo recordó que “los organismos vienen sosteniendo hace rato que la Cámara de Casación tiene una composición que es ilegal, es ilegítima”, en cuanto a la Sala III, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Mahiques.
Las críticas en este caso apuntan a Mahiques, “un juez designado por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir este gobierno de (Mauricio) Macri sin concurso, sin tener la antiguedad necesaria, que son 4 años, y sin venir del propio órgano, de la propia jurisdicción, porque viene de una Cámara Nacional de Casación porteña, no era juez de la jurisdicción y no concursó para ser juez de la Casación” por lo que los “propios jueces de la Casación se opusieron a su designación y, sin embargo, igual lo designaron”.
Cristina Cobos, querellante en causas de lesa humanidad, destacó que “ninguno” de los jueces de esa Sala “goza de legitimidad. Están denunciados”, recordó.
Culpar a la víctima
La abogada María José Castillo también criticó a la Sala III de Casación Penal que revictimizó a Víctor Cobos porque intenta “culpabilizarlo del delito de estafa por el que había sido denunciado por Levín”.
“Intenta realizar una investigación jurisdiccional que ya había llevado a cabo la provincia de Salta en su momento y que había llegado al sobreseimiento de Cobos y el resto de las víctimas, y todo el tiempo (la Sala III de Casación) intenta revictimizarlo, algo que está prohibido por la normativa internacional y es el único testimonio que desgrana que analiza, el resto de los testimonios no los analiza, solo parcialmente algunos.
No tiene en cuenta testimonios importantes” y realiza una “interpretación sesgada” de los dichos de Cobos, sostuvo. Destacó que Casación tampoco tuvo en cuenta la persecución que sufrió la familia de Cobos, y “nada dice” del hecho de que se probaron los tormentos infligidos a los trabajadores.
