Tal es la denuncia pública que hizo Amelia García, secretaria general de Suteba La Plata. Según la cartera de Esteban Bullrich, las pruebas se tomarán a 1,4 millón de chicos, en más de 30.000 escuelas de todo el país, colaborarán 31.365 directivos como veedores y unos 71.606 docentes "aplicadores".
Diversos gremios de maestros rechazaron la iniciativa, como UDA, CTERA, Udocba, Ademys, ATEN de Neuquén, Sadop, RIOSAL, UTE, FND-CTA, la Conadu y la Conadu Histórica, Utelpa de La Pampa, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sitech de Chaco, el Sutef de Tierra del Fuego, Amsafe de Rosario y Agmer de Paraná, entre otros.
Las críticas abundan: un examen no refleja los "contextos" de los chicos, se concibe a la evaluación como un "mecanismo punitivo", se organizó de manera "inconsulta", en los establecimientos del interior poseen "poca" información, "reduce" la participación de los docentes a meros "aplicadores", ofrecen $ 1.000 para a cada maestro que "aplique" y se niegan reabrir paritarias, refuerza la"desigualdad" escolar con posibles sistemas de premios y castigos y que impulsa a un modelo educativo cada vez más "privatista".
Tras destacar el apoyo de los padres a la protesta, la joven dijo que los métodos diseñados por el Gobierno nacional "no son los adecuados para ayudar a la educación, sino todo lo contrario porque son una casilla más y se los discrimina más", porque según consideró, los chicos "van a ser categorizados en 10 categorías y no se tienen en cuenta los contextos".
MODELO PRIVATISTA
Rechazo de docentes, alumnos y padres a la evaluación nacional
"Este operativo nacional pretende descargar la responsabilidad de la situación educativa en la comunidad escolar. La intención de establecer un ranking de escuelas y salario por mérito atado a la productividad significa un ataque a la escuela pública y gratuita".
18 oct 2016