La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presentará hoy su proyecto en el Congreso, en un contexto favorable para que sea tratado: el 30 por ciento de los diputados está a favor, el 30 en contra, y un 40 por ciento todavía no se ha definido.
Cinco adolescentes de entre 15 y 19 años murieron en 2016 como consecuencia de un aborto clandestino, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación.
Son muertes evitables. Injustas. Seguramente porque esas chicas no tuvieron el dinero ni la información para acceder a una interrupción segura de embarazo Clandestina, pero segura. Otras 38 mujeres mayores de 20 años, muchas con hijos a cargo, corrieron la misma suerte.
Como le pasó una semana atrás a María Campos, en Santiago del Estero: tenía 37 años y era madre de un varón y cinco nenas, como informó Pagina 12.com. Si se aprobara el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), que volverá a presentarse, por séptima vez, en la Cámara de Diputados, cualquier persona con capacidad gestante tendrá derecho a abortar en un hospital público o una clínica privada --con los gastos cubiertos por las obras sociales y las prepagas-- en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación --como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, entre ellos España-- y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud (física, psíquica o social de la mujer) --como ya está previsto en la ley-- o si existieran malformaciones fetales graves.
La propuesta, elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, llega con el apoyo de 71 diputadas y diputados de un amplio arco político, el número de firmantes más alto desde que se presentó por primera vez en 2008.
