La decisión fue adoptada por el juez de instrucción Luis Zelaya quien, de acuerdo al dictamen del fiscal Jorge Ballestrero, desestimó por "inexistencia de delito" la denuncia efectuada por el gremio de los taxistas contra 33 conductores de Uber, por los presuntos delitos de "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita".
“Más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de Uber, lo concreto, lo real, es que, no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto”, sostuvo el juez.
Para Zelaya los choferes de Uber realizan "una actividad comercial lícita" con posibilidad de cometer faltas administrativas o de tránsito que no son delitos penales.
Los 33 choferes de Uber habían sido denunciados por supuesto "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita”.
“No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios”, concluyó Zelaya en el fallo.
Para el fiscal Martín Lapadú, del fuero contravencional porteño, el fallo de Zelaya "supone la inexistencia de delito que estén tipificados en el Código Penal, no así los ilícitos contravencionales y de faltas".
"Esto quiere decir que si un chofer de Uber es detectado circulando en la ciudad transportando pasajeros, podrá ser detenido y su auto secuestrado, porque está cometiendo una contravención, ya que la actividad no esta autorizada por la Justicia al carecer de domicilio legal, entre otras irregularidades", aseguró el fiscal.
Y ejemplificó: "si una persona porta una arma y tiene permiso no esta cometiendo un ilícito si no tiene autorización si esta incurriendo en una ilegalidad".
