La causa se inició a partir de una denuncia presentada en noviembre por un grupo de diputados kirchneristas, quienes acusaron al Gobierno por la aplicación de una política monetaria que -entre diciembre de 2015 y octubre de 2016- habría generado “daños a las arcas públicas”.
La denuncia había sido presentada por los diputados Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Morena, Diana Conti y Rodolfo Tailhade, el 17 de noviembre.
La fiscal Paloma Ochoa fue quien elevó la imputación, y le solicitó al juez Daniel Rafecas que realice una batería de medidas de prueba para avanzar con la investigación.
Emisión abusiva
La fiscal sostuvo que la “emisión abusiva” de títulos de deuda pública interna (a través de la herramienta financiera de los Lebacs) y externa (por medio de bonos) “habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos”.
Ochoa remarcó que, “ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado”, los grupos económicos citados “aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores ficticios y sin límite alguno que luego fraguaron del sistema financiero argentino”.
En el dictamen al que tuvo acceso Télam, la fiscal detalló que la maniobra se habría realizado a través de dos mecanismos denunciados por los legisladores nacionales del FpV: “uso fraudulento de Lebacs” y “endeudamiento fraudulento”.
“Se habría utilizado como herramienta para manipular el verdadero valor de la divisa la emisión de más de 685 mil millones de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) con rendimientos en concepto de tasa de interés que rozaron el 40% anual en pesos”, escribió la fiscal en su dictamen tras invocar la denuncia.
