El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo por su parte que la Casa Rosada no tiene "ningún interés" en criminalizar la protesta social y está comprometida con el respeto a la libertad de expresión con los límites propios "de un estado de derechos". Esa garantía, dijo, no ha sido violada en Jujuy.
Como respuesta a ello, los organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, encabezados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky, dijeron todo lo contrario: “en Jujuy existe una `intolerable persecución´ por parte del gobernador, Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada”.
Agregando que: “en Jujuy, la constitución nacional no rige”, sino “la voluntad del gobernador de la provincia. Es el núcleo del problema”, dijo Verbitsky.
En tanto Mario Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, y frente a esto, negó cualquier falta aduciendo que las organizaciones sociales excedieron "los límites de la protesta" al crear un "sitio a todo el centro de la ciudad" apenas asumió el nuevo gobierno de Morales.
"Jujuy se encuentra comprometida con el respeto del ejercicio de todos los derechos humanos", afirmó Miranda, y negó una "aplicación abusiva" de la ley. Verbitsky dijo que esas declaraciones mostraban el “cinismo con el que se manejan en Jujuy”.
La CIDH enviará una delegación a Jujuy en mayo, invitada por el propio Gobierno de Morales. Miranda dijo que será un "honor" recibirlos.
