Finalizadas las audiencias públicas, por donde transcurrieron 724 expositores, se reunirá nuevamente el plenario de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal, donde hay -en principio- una leve diferencia a favor de los impulsores del proyecto.
De acuerdo con un relevamiento, el dictamen a favor del aborto legal reuniría 62 firmas, mientras que el dictamen de rechazo juntaría 58. Hay ocho legisladores que permanecen indecisos o todavía no se pronunciaron al respecto. De ellos dependerá el resultado final de cara al recinto.
En rigor, la firma de dictámenes sólo servirá para obtener un pantallazo del nivel de adhesión que despierta el proyecto, y para determinar cuál será el orden de tratamiento en la sesión. Si el despacho a favor del aborto legal logra mayor cantidad de suscripciones, será el primero en ser abordado, pero en la votación podría resultar rechazado. En ese caso, pasaría a someterse a votación el dictamen en contra.
Las cuatro comisiones (Salud; Legislación General; Familia y mujer y Legislación Penal) totalizan 102 diputados, de los cuales 79 integran sólo una comisión, y 23 se repiten en más de una. En este último caso, cada legislador firmará dictamen por cada comisión que integre.
Por ejemplo, la puntana Ivana Bianchi (Unidad Justicialista) estampará su nombre cuatro veces, porque forma parte de todos los cuerpos intervinientes. Otro caso es el de la jujeña Carolina Moisés (Justicialista), que está en Legislación General, Legislación Penal y Familia.
La suma total de las cuatro comisiones es la que determinará, finalmente, qué bando gana la compulsa. No se descarta que pueda haber un tercer dictamen alternativo, aunque esa posibilidad corre con menos chances: quedó demostrado que el debate es por el “sí” o por el “no” a la interrupción voluntaria del embarazo.
Los puntos más relevantes a discutir son: la incorporación del derecho a la objeción de conciencia para los médicos que se nieguen a realizar la práctica por sus creencias religiosas; y la situación de las adolescentes menores de 13 años, que según la iniciativa podrían requerir un aborto sin autorización de sus padres.
