GOBIERNO- CORREO

Convocan a una audiencia de las partes por el escándalo del correo

La Cámara Comercial convocó a una nueva audiencia entre el Estado y la empresa Correo Argentino SA para el 16 de marzo, luego de que el gobierno de Mauricio Macri presentara un escrito para dejar sin efecto el escandaloso acuerdo del Gobierno con el Grupo Macri.

El pedido del Gobierno de anular el convenio de 2016, no implica el cese de las investigaciones judiciales que ya están en marcha.
El pedido del Gobierno de anular el convenio de 2016, no implica el cese de las investigaciones judiciales que ya están en marcha.

El llamado a la nueva audiencia se produjo luego que el Gobierno se presentara ayer ante la Cámara para solicitar que el acuerdo alcanzado en junio de 2016, pero no homologado, quedara sin efecto.

También el Correo Argentino S.A. presentó un escrito en el que, a través de su presidente Jaime Cibils Robirosa, pidió la celebración de una audiencia pública "a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal" con "una solución justa y equitativa para todos los interesados".

Asimismo, y en el escrito del Correo, se manifiesta expresamente que: “la sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior impidieron una solución equitativa” con una compensación de créditos y deudas, por lo que hubo que formular una propuesta de pago en efectivo.

Cabe señalar además que, la decisión del Gobierno de solicitar la suspensión del acuerdo se produjo luego de que la fiscal ante la Cámara, Gabriela Boquin, sostuviera que era "abusivo" y perjudicial para las arcas del Estado.

Además la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín, realizó una presentación al fuero contencioso administrativo para solicitar que cayera la demanda del Correo Argentino S.A. contra el Estado por daños y perjuicios, por la extinción del contrato de concesión ocurrida en 2003.

El Correo Argentino S.A. había presentado una denuncia por daños y perjuicios contra el Estado en la que reclamaba 2.300 millones de pesos, aplicando a la deuda una tasa más alta que pretendía imprimirle al concurso preventivo de quiebra en el que estaba inmerso.

En relación a ese expediente, la fiscal Boquin, había emitido una ampliación de dictamen, en la cual consideró que Correo Argentino S.A. tuvo actitudes contrarias a la buena fe procesal.

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