ASESINATO DEL RAFAEL NAHUEL

Bullrich y Garavano justifican la acción contra los mapuches

Los ministros Bullrich y Garavano defendieron como “verdad” la versión de las fuerzas de seguridad acerca de que habían sido atacados con armas de grueso calibre. También justificaron el ataque como una "acción legítima, frente a la violencia ilegal e inaceptable para la democracia de un país que quiere vivir en paz".

Los ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, dijeron que "no habrá diálogo con los mapuches" y advirtieron a quienes “violen la ley”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia, Germán Garavano defendieron el accionar de la Prefectura, que culminó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, a menos de tres meses de la muerte violenta de Santiago Maldonado en otro operativo de fuerzas federales. 

La Ministra se refirió a los grupos mapuches "que han tomado la violencia como forma de acción política" y agregó que "Son grupos violentos que no respetan la ley”, advirtiendo que "Estamos totalmente abiertos al diálogo con cualquier grupo pacífico. Pero no va a haber diálogo con grupos violentos que violan la ley".

Ratificó que los efectivos de Prefectura fueron atacados por unos 15 miembros de la comunidad mapuches con armas "de grueso calibre", además de lanzas y otras armas blancas y de puño, que en "posición militar" arremetieron contra las fuerzas de seguridad. 

La funcionaria indicó además que una zona de la localidad ubicada a 30 kilómetros al sur de Bariloche sigue tomada por los grupos violentos, e informó que esta mañana personas apedrearon a una comisión de Policía Federal, que intentaba ingresar al lugar por orden judicial.

"El lugar está tomado, ayer se dejó entrar más y hace pocos minutos una comisión de la Policía Federal fue apedreada", a partir de un intento de ingreso con orden judicial librada por el Juez Gustavo Villanueva.

Bullrich al comenzar la conferencia dijo: "Estamos tristes y queremos mandarle a la familia de Nahuel un pésame", y aclaró que quería "caracterizar y conceptualizar que estamos en una situación frente a grupos violentos, que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina y que no reconocen el Estado". Por su parte, Garavano afirmó que "vamos acompañar a los jueces en custodiar el pleno respeto y eficacia de la ley".

En simultáneo, se conoció que la autopsia realizada al cuerpo de Rafael Nahuel, quien murió baleado el sábado en un operativo de desalojo de Prefectura en Villa Mascardi, estableció que el joven recibió un balazo ascendente en un glúteo, que alcanzó a afectar órganos vitales, y que el disparo provino de una pistola calibre 9 mm, adelantaron fuentes de la investigación.

Juicio político a Bullrich

Los funcionarios recibieron una andanada de críticas por su justificación del asesinato de Nahuel y varios bloques impulsan nuevamente la remoción de Bullrich. “Vamos a impulsar el pedido de juicio político a Patricia Bullrich desde la Cámara de Diputados”, afirmó el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.

"Se ve con mucha crudeza que la única respuesta que tiene el Estado es la represión y el asesinato”, indicó Grosso. “Basta de encubrir y justificar el accionar de un Estado represivo. La ministra de Seguridad defiende peligrosamente actos propios del peor totalitarismo. Es realmente preocupante que la responsable de cuidar y garantizar los derechos de todas y todos los argentinos se limite a defender a las fuerzas de seguridad a su cargo, que acaban de matar a una persona, sin ni siquiera iniciar una investigación seria”, indicó el kirchnerista Martín Sabbatella.

En tanto, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, advirtió que  “es preocupante que insistan con el argumento del enemigo terrorista que amenaza a la Nación. Los que estuvimos en la zona, sabemos que no existe ningún informe serio, ni una investigación judicial que describa o sitúe una amenaza real de grupos armados terroristas en la Patagonia”. “La construcción de grupos armados mapuches es una actitud canalla y cobarde por parte del Estado”, consideró Diego Morales, director de Litigio del CELS.

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