El dictamen incorporó una serie de modificaciones al proyecto que había aprobado el Senado por unanimidad el 23 de noviembre de 2016, por lo que si resulta aprobado en Diputados deberá volver a la Cámara alta para la sanción definitiva.
El Frente para la Victoria-PJ, el interbloque Argentina Federal y Felipe Solá, titular de la Comisión de Vivienda, acompañaron el despacho de mayoría con disidencias, mientras que Carla Pitiot (Frente Renovador) encabezó una propuesta alternativa en conjunto con Marco Lavagna.
“Hace 30 años que no hay una ley de alquileres en Argentina. La última fue durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín”, recordó el presidente de Legislación General, Daniel Lipovetzky, y agregó: “Con este tratamiento estamos resolviendo una omisión para una situación que involucra a más de siete millones de argentinos vinculados a un contrato de locación de vivienda”.
El proyecto dictaminado ayer establece un mecanismo de actualización semestral para los contratos de alquileres -el Senado había votado un reajuste anual-, con un valor que resultará de un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) medidos por el Indec “para dar previsibilidad sobre todo a los inquilinos, que son el eslabón más débil de la relación”, explicó Lipovetzky.
El macrista también destacó la ampliación de la duración del contrato de dos a tres años, que “da mayor certeza y tranquilidad” y “resuelve el trauma de los inquilinos, que al año de alquilar ya están pensando en que tienen que cambiar de vivienda”. Sin embargo, para locaciones que no estén destinadas a vivienda el plazo será de dos años.
Otro de los puntos principales -el que generó mayor discusión- tiene que ver con impedir que los propietarios impongan las garantías del alquiler a los inquilinos. Es decir, el locatario podrá ofrecer una garantía real, un aval bancario, un seguro de caución, un recibo de sueldo o una garantía de fianza. “Es un cambio revolucionario”, destacó Lipovetzky.
Por el contrario, Pitiot consideró que esa modificación “no es demasiado justa”, aunque admitió que sí se deben ampliar esas garantías. El dictamen impulsado por la legisladora en nombre del Frente Renovador incluyó además un capítulo para crear un programa de protección de los créditos hipotecarios frente a los descalces entre la inflación y el poder adquisitivo del salario.
Por su parte, el cordobés Juan Brugge (Argentina Federal) sumó otra objeción y consideró que “hablar de comisiones u honorarios es inconstitucional”, al indicar que el artículo 125 de la Carta Magna en su segundo párrafo establece que este tipo de regulaciones profesionales está delegada a las provincias.
Según el dictamen firmado, la comisión a la inmobiliaria será pagada por el dueño, y no podrá ser mayor a un mes de alquiler; y la comisión por la renovación del contrato no podrá superar el valor de medio mes de alquiler.