Romero recus? a dos jueces que lo pusieron cerca de la indagatoria

Así surge del escrito presentado el 29 de mayo pasado por su abogada, Andrea Astudillo Rizzi, quien  evidenció cierta confusión, pues en la primera foja reconoció la imparcialidad de los jueces recusados al sostener en uno de sus párrafos: "Por tanto, el presente resulta en todo ajustado a los plazos y formas establecidas por el CPPS, toda vez que tiene fundamento en la imparcialidad demostrada por esta Sala en intervenciones precedentes…".

El senador criticó a los camaristas porque a su entender sus fallos le generan "temor y certeza de parcialidad".

Román y Pancio integraban bajo las previsiones del viejo Código Procesal Penal de Salta, la Sala 1 de la Cámara de Acusación, tribunal que resolvió hacer lugar a las apelaciones de los fiscales que solicitaron que Romero sea citado a indagatoria en las causas penales iniciadas en su contra por la apropiación de tierras del estado durante su gestión como gobernador de la provincia.

De las causas existente en contra del senador, la más emblemática gira en torno a la venta irregular de 90 hectáreas de La Ciénaga, predio que fue adquirido por el Estado y destinada para la construcción de viviendas para los salteños, pero por alguna maniobras de las que habrían participado el ex gobernador y otros funcionarios, terminaron en un holding que pertenecería a los Romero.

Tras las denuncias y las  promociones penales iniciadas en su contra, el senador reclamó que se le aplique las normas contempladas por el viejo Código Procesal Penal para los legisladores provinciales, petición a la que accedieron los jueces de instrucción, Martín Pérez, Antonio Pastrana y Raúl Sosa Vallejos, todos  designados por el ex gobernador.

Frente a la postura de los jueces, los fiscales apelaron y plantearon la aplicación de la Ley Nacional de Fueros, Nº 25.320, establecida por el Congreso para el caso de los diputados y senadores nacionales que sean acusados penalmente por hechos delictivos, norma que permite la indagatoria. 

La diferencia de criterio entre jueces y fiscales fue resuelta por Pancio y Román, quienes se volcaron por hacer lugar al planteo de los representantes del Ministerio Público, tras lo cual Romero quedó prácticamente a un paso de ser citado a indagatoria, pero apeló la resolución de los camaristas y obligó de esa manera a que el caso suba a la Corte de Justicia.

Para evitar que el fallo de Pancio y Román sea aplicable al resto de las causas en su contra, ahora Romero  recusó a los dos camaristas acusándolos de parciales y de responder a los mandatos del gobernador Juan Manuel Urtubey.